No está descabellado afirmar que la
batalla más ardua en el panorama político africano es y será estabilizar las
constituciones. Muchos países cambian la Carta Magna al llegar un nuevo régimen
y casi siempre la configuran como un traje hecho a la medida del nuevo
mandatario. La causa de esta inestabilidad puede hallarse en la fragilidad de
las instituciones pero también se la podría buscar en la comprensión africana
de la ley en general y de la constitución en particular.
Mientras que en
los países desarrollados, la Constitución es casi intocable y se la
cambia después de varias décadas habiendo asegurado el consenso general de
todos y aún así obrando con muchísima delicadeza, en África, todo es diferente.
Cualquier motivo político puede ser suficiente para introducir un matiz o
quitar un elemento que estorba.
Durante estos últimos
años, varios países han puesto en marcha las modificaciones sustanciales en la
ley fundamental: Congo Brazzaville, Centroáfrica, Costa de Marfil etc.
En otros países, el intento ha sido frustrado por la firmeza de los sectores
civiles: RDCongo, Burundi, Burkinafaso. El caso de este último fue muy
llamativo porque desencadenó una revolución popular que echó del poder al
entonces presidente Blaise Compaoré.
Bien es verdad que es siempre legítimo
cambiar la ley para adaptarla a las circunstancias respetando el reglamento
previsto. Pero también es verdad que en muchas ocasiones, la modificación no
proviene de una necesidad estructural sino sencillamente política.
La última constitución de Costa de Marfil
fue adoptada en el año 2000. En ella, había un artículo sobre las condiciones
de elegibilidad a la presidencia que ha sido objeto de polémica en las últimas
décadas llegando incluso a desatar una guerra civil. Se trata del artículo sobre lo que se ha
llamado “ivoirité” en francés o “la marfilidad”. Decía textualmente que el candidato
a la presidencia tenía que ser de padre y madre de nacionalidad marfileña. Esta
clausura fue introducida en la constitución para impedir la candidatura del
actual presidente Alassane Ouatarra sospechoso de tener cierto origen en Burkina
Faso. La historia de este concepto es curiosa.
En efecto, todo empiezó en 1993 cuando
falleció el padre de la nación, Houphouet Boigny. En aquel momento, Alassane
Ouatarra era primer ministro mientras que Konan Bedié era presidente de la
asamblea de los diputados. Siguiendo la ley, Bedié se convirtió automáticamente
en presidente de la República. A partir de este momento, Bedié hizo votar una
serie de leyes que excluyeran de la presidencia a cualquiera que no tuviera a
los dos padres de origen marfileño, es decir que el candidato debía ser
marfileño de padre y madre y sus padres también. De hecho, en 1995, Ouatarra se
quedó fuera de la competición presidencial. El concepto de ivoirité contribuyó
a dividir el país en dos entre el norte partidario de Ouatarra y el resto del
país.
En el año 2000, Laurent Gbagbo llegó al
poder después de elecciones. Cambió la Constitución pero, siempre para
descartar a los potenciales contrincantes especialmente a Ouatarra, mantuvo el
polémico artículo con ciertos retoques de moderación. Esta vez el candidato
debía ser marfileño de padre y madre. Así, Ouatarra seguía fuera de la carrera.
Los gérmenes del conflicto empezaron a apuntarse.
En 2003, una rebelión estalló desde el
norte. El tranquilo país de Houphouet Boigny se desangró. Francia intervino
obligando a todos los protagonistas a firmar los acuerdos en Marcoussis
(Francia) en los que se tendría que revisar el tema de nacionalidad de los
extranjeros de antes de 1972.
En el año 2010, Bedié hizo un cambio
espectacular y renunció a la “marfilidad”. Llamó a los suyos a elegir Ouatarra
contra Gbagbo. Y así fue. Al final todo acabó en un baño de sangre con Gbagbo
capturado y enviado a la CPI y Ouatarra en el palacio presidencial.
Al presentarse al segundo mandato,
Ouatarra prometió cambiar la constitución para “extirparle los gérmenes del
conflicto” según sus términos. El propósito era buena sobre todo que fue una
promesa de la campaña electoral. La gente esperaba que se tomara suficiente
tiempo para consultar a todos con el objetivo de llegar a un consenso de todos
y así poner en marcha una Constitución duradera.
Una mujer marfileña depositando su voto
El pasado 28 de octubre, los marfileños
fueron llamados a las urnas para un referéndum sobre la nueva Carta Magna. Los
partidos de la oposición, no contentos con los contenidos y las modificaciones,
llamaron al boicot. El resultado fue la participación ciudadana de un 42%. Más
de 60% de los electores no fueron a depositar su voto. De los 42% que sí
participaron, 93% votaron que sí. Es importante recordar que la anterior constitución
había sido votada por 86% de los electores en el año 2000.
A la luz de los resultados, teniendo en
cuenta de la división actual de la ciudadanía, muchos políticos del antiguo
régimen en la cárcel y el ex presidente Gbagbo en La Haya, no podemos dejar de
hacer esta pregunta: ¿La nueva constitución representa realmente el consenso de
todos los marfileños? ¿Conseguirá extirpar los gérmenes del conflicto? ¿El
cambio era tan urgente como para no esperar que hubiera consenso de la mayoría
de los marfileños? ¿Cuánta vida tendrá una
ley que nace en estas circunstancias?
Gaetan
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